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Damasco, 07 jul (SANA) El cambio prometido por Gustavo Petro, presidente electo de Colombia, exige irremediablemente hacer ajustes en el plano internacional.
Si no hay cambios en materia de política exterior, particularmente en la relación con EE.UU., el margen de maniobra para llevar adelante un proceso de transformación en el plano nacional será muy reducido.
La conclusión anterior se desprende de las mismas propuestas formuladas por Petro para hacer frente a las problemáticas más apremiantes de la nación suramericana, entre ellas, la inseguridad y la violencia, así como el tráfico de drogas.
El presidente electo se ha planteado adoptar un “nuevo enfoque”, esto es, dejar atrás en definitiva la denominada “guerra contra las drogas” a la que califica de “fracaso”.
Su propuesta consiste en, por un lado, poner el acento en el desarrollo de la economía productiva, particularmente de las comunidades rurales y, por otro lado, arrebatar a las mafias el control que ejercen sobre la población, explicó en una entrevista al semanario The Economist.
Desde EE.UU., sin embargo, si bien se reconoce la necesidad de fomentar el crecimiento de la economía, se insiste en profundizar la cooperación en las áreas de la seguridad y la defensa.
El adiestramiento militar, los ejercicios conjuntos entre Fuerzas Armadas, así como las donaciones de equipo y armamento siguen siendo prioridades a las que el Gobierno de EE.UU. no parece dispuesto a renunciar en su relación con el próximo Gobierno.
Así quedó de manifiesto a través de un proyecto de ley presentado en la Cámara Alta, antes de que Gustavo Petro fuera reconocido como presidente electo.
El objetivo, dejar claro que, cualquiera que fuera el ganador, será la misma la política exterior hacia Colombia, considerada por el presidente Joe Biden como la “piedra angular” de EE.UU. en el Continente.
Alianza extra-OTAN y Ley Bicentenario
Días antes de la primera vuelta de la elección presidencial, el 23 de mayo, el Gobierno de Joe Biden ratificó la designación de Colombia como “aliado mayor” extra-OTAN.
Nombramiento que, según explicó la Cancillería de la nación suramericana, surge en “respuesta” al Diálogo de Alto Nivel entre EE.UU. y Colombia, un mecanismo de cooperación que aglutina seis mesas de trabajo en temas clave como el desarrollo económico, la educación, el desarrollo rural, la seguridad y la defensa, la democracia y la migración.
Esta designación no representa un asunto de relevancia menor. Si bien Colombia no es propiamente un miembro de la OTAN y, por lo tanto, no suscribe la cláusula de ‘defensa colectiva’ de esta organización, su designación, según el Gobierno de Iván Duque, “consolida” la relación con Washington y proporciona una serie de “ventajas”.
De hecho, desde EE.UU. ya están buscando dar una formalidad mayor a este nombramiento a través de un conjunto de leyes. Luego de que el presidente Biden anunció la ratificación, en el Senado se presentó la ‘Ley Bicentenario de la Alianza entre EE.UU. y Colombia’, un proyecto que cuenta con el respaldo de los partidos Demócrata y Republicano.
Se trata de un proyecto que, al igual que el Diálogo de Alto Nivel, considera un esquema de cooperación en una amplia diversidad de rubros. Desde la economía y el desarrollo, hasta la seguridad y la defensa. También incluye aspectos como la defensa de los derechos humanos y laborales, y hasta de la Naturaleza.
Uno de los puntos de mayor polémica del proyecto de ley bipartidista de 54 páginas es que contempla solicitar “nuevos informes clasificados” sobre los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como de sus “actividades malignas” en el extranjero.
Otro aspecto no menos controvertido es que busca reforzar el papel de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), encargada de brindar “asistencia humanitaria” a las comunidades rurales.
Uno de los promotores de esta iniciativa es Robert Menéndez, legislador por el Partido Demócrata y presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.
Para Menéndez la denominada ‘Ley Bicentenario’ constituye una “demostración del reconocimiento de EE.UU. de la prominencia de Colombia como actor clave en el escenario mundial y aliado más cercano en América Latina”.
Con motivo de la celebración de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Martha Lucía Ramírez, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, se congratuló de la iniciativa presentada en el Senado norteamericano.
“Senador (Robert Menéndez), gracias por su amistad, gracias por esa Ley que presentó usted en el Congreso de EE.UU., gracias por la manera franca y constructiva con la que siempre usted ha ayudado a conducir la relación entre Colombia y EE.UU.”, manifestó la canciller durante el conversatorio binacional.
¿Un ‘golpe de timón’ en la relación con Washington?
Con respecto a la cooperación con EE.UU. en la esfera militar, hasta el momento Gustavo Petro ha optado por mantener un bajo perfil.
A diferencia de 2018, cuando calificó como un “apéndice” la política exterior de Colombia en relación con la de EE.UU., ahora su postura es de conciliación, evitando lanzar críticas a la política exterior de la Casa Blanca.
Por ejemplo, sobre la designación de Colombia como “aliado mayor” extra-OTAN, Petro guardó silencio, en contraste con 2013, cuando expresó que un país latinoamericano y caribeño como Colombia nada tenía en común con la organización atlántica.
El presidente electo tampoco se ha pronunciado ni a favor ni en contra sobre el proyecto de ley bipartidista presentado en el Senado de la Unión Americana. Hay varios aspectos de la iniciativa de ley que convergen con las propuestas que Gustavo Petro hizo en campaña, como el fomento al desarrollo de la economía productiva —a través de la creación de un Fondo para apoyar a pequeñas y medianas empresas—, así como la protección del medio ambiente, solo por mencionar dos ejemplos.
Pero hay otros elementos que nada tienen que ver con el “nuevo enfoque” que se plantea adoptar, por ejemplo, la participación de Colombia en proyectos de cooperación auspiciados por el Departamento de Defensa de EE.UU., el acceso a material y equipos militares, o la preparación conjunta de operaciones antiterroristas y antinarcóticos.
El próximo ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, ha seguido la misma línea que el presidente electo, la de tender puentes con vistas a llevar a cabo un proceso de transición que no genere rechazo desde el exterior.
Fuente RT
